El real decreto determina un régimen sancionador por incumplimiento de este requisito obligatorio en toda compraventa o alquiler de un inmueble que varía en función de la gravedad de la infracción: leves, graves y muy graves que oscilan desde los 300 euros hasta los 6.000 euros según el tipo de infracción.
de partes de edificios ya existentes.
La certificación energética sirve para medir los ahorros de energía antes y después de la ejecución de las actuaciones en los edificios para determinar su calificación energética y es la clave del éxito o fracaso de la eficiencia energética de edificios.
Es responsabilidad del propietario o promotor que quiera vender o alquilar su vivienda contar con este certificado energético. Al comprar o alquilar una vivienda, el certificado energético es un papel obligatorio en ambas operaciones.
El real decreto 235/2013, de 5 de abril, en su artículo 5, concede la competencia a las respectivas comunidades autónomas, por lo que cada una gestiona y concede estos certificados. Las certificaciones han de emitirlas técnicos competentes que posean cualquier titulación académica y profesional que le habilite para la redacción de proyectos, dirección de obras, de ejecución de obras de edificación o bien para hacer proyectos de instalaciones térmicas. También pueden emitirlos aquellas personas que sin poseer ninguna de estas titulaciones pero pueda acreditar cualificación profesional para sus emisiones.
El certificado tiene una validez de 10 años, pasados los cuales habrá que volver a expedir un nuevo certificado. En caso de que se produzcan variaciones de calado en el inmueble que puedan variar su calificación energética, el propietario puede actualizar voluntariamente el certificado.
El objetivo es que las viviendas en España sean lo más eficientes posible
Los edificios y monumentos protegidos oficialmente, los lugares exclusivos de culto o actividades religiosas, las construcciones provisionales (para uso previsto igual o menor a dos años), las partes no residenciales de edificios industriales, de la defensa y agrícolas, los edificios o partes de edificios aislados con menos de 50 m² útiles y aquellos edificios con un uso menor de 4 meses al año están por ahora exentos de disponer certificación energética.
El real decreto determina un régimen sancionador por incumplimiento de este requisito obligatorio en toda compraventa o alquiler de un inmueble que varía en función de la gravedad de la infracción: leves, graves y muy graves que oscilan desde los 300 euros hasta los 6.000 euros según el tipo de infracción.
El 40% del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios
Aunque los certificados de eficiencia energética son documentos informativos, el objetivo es que las viviendas en España sean lo más eficientes posible. A partir de 2020 serán de obligado cumplimiento las exigencias de la Directiva 2010/31 de la UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
En España aún no se ha llevado a cabo la transposición de la Directiva pese a que, como la misma establece, el 40 % del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios.
La Directiva, de obligada transposición en los Estados miembros, indica que a partir de 31 de diciembre de 2018, todos los edificios públicos han de ser de consumo casi nulo (nZEB) y todos los edificios, sin excepción, lo han de ser a partir del 31 de diciembre de 2020.
El certificado de eficiencia energética en los edificios provee a los propietarios y posibles inquilinos de una herramienta objetiva para evaluar el consumo energético del lugar donde va a realizar una actividad económica o donde va a habitar.
Según el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) entidad pública del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, la diferencia de consumos energéticos según la letra de la Etiqueta Energética puede variar entre los 2.500 euros/año (letra G) y los 200 euros/año (Letra A):
- Vivienda con Etiqueta G (2.500 euros/año)
- Vivienda con Etiqueta E (1.200 euros/año)
- Vivienda con Etiqueta A ( 200 euros/año)
CoHispania, como Miembro de Green Building Council España (GBCe), apuesta por el auge de las hipotecas verdes o hipotecas de eficiencia energética, que persiguen alcanzar una mayor sostenibilidad en el sector de la vivienda.
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